Legalidad, legitimidad y otros asuntos.

Por Cristian Darville.

 

Quiero hablarles sobre la acusación constitucional a la ministra Provoste. Pecaría de ingenuo si no reconociera de antemano que no estoy inventando la pólvora con el tema, pero también no es menos cierto que, sumergidos en la cotidianeidad de ciertas discusiones tendemos a perder de vista lo central del asunto. Esta es la cuestión: creo que hay tres variables clave para analizar el asunto; en primer término la legalidad de la acusación, en segundo lugar su legitimidad y finalmente, en otros asuntos, el gran contexto en que esto se enmarca.

 

1.      Es realmente legal una acusación de esta índole?

 

La primera respuesta es sí. Nuestra legislación efectivamente faculta al Congreso de nuestro país a acusar a los ministros de estado por cuestiones que comportan una gravedad tal que, aparece como necesaria la intervención de otro poder del Estado para verificar/rectificar ciertas conductas, prácticas, protocolos, etc., que atentarían contra la probidad y transparencia requerida de los más altos agentes del poder institucional. Ahora, esto no significa sin más que, en el caso en cuestión, la suspendida ministra efectivamente haya cometidos negligencias que ameriten una medida de este estilo o que, en su defecto, califiquen de un serio abandono de los deberes impuestos a los ministros en nuestra carta magna.

 

Esto nos lleva al segundo punto.

 

2.      Es realmente legítima una acusación de esta índole?

 

Cuando, en términos legales, se discuten ciertas materias, uno de los primeros objetos de investigación es la efectiva existencia del supuesto ilícito del que se acusa a los imputados. En este caso, creo que esto no ha sido logrado más allá de una duda razonable. Esto es, en castellano simple, que no se ha probado que efectivamente la ministra actuó de manera conciente y deliberada al no tomar acciones inmediatas que corrigieran prácticas oscuras establecidas de larga data al interior del Ministerio de Educación. Ahora bien, en último término se espera que las decisiones legales conjuguen legalidad, esto es, apego en forma al derecho vigente, y legitimidad, que sería la validez de las normas aplicadas en dichos procedimientos. Mi modesta opinión: esta acusación carece de legitimidad en tanto que, no han sido los argumentos jurídicos los que han pesado en la aprobación en la Cámara de dicha acusación, lo que nos lleva finalmente a los otros causeos que contextualizan esta seria cuestión.

 

3.      Cosas de adultos (?)

 

El trasfondo, desde mi óptica, es que, bajo la figura de la acusación constitucional, se está tratando de aplicar una figura que no existe ni está contemplada en nuestra legislación, que es el juicio político (o impeachment). En cristiano, lo que pretende dicha figura es juzgar no sólo si es que el funcionario en cuestión ha cometido algún ilícito, sino que principalmente lo que pretende es evaluar su desempeño y hacerle saber, destitución de por medio, que no cuenta ya con la confianza del parlamento. Pero, y aquí es donde se cuecen otras habas, es que ese procedimiento está específicamente diseñado para regímenes parlamentarios. De aquí es donde se desprende mi afirmación anterior, la acusación constitucional contra la ministra Provoste no es legítima en tanto no sólo subvierte la legalidad del procedimiento en curso al pretender, subterfugio de por medio, juzgar una cosa por otra, sino que, más aún, y esto es lo realmente importante de esto, se convirtió en un arma del desalojo político planteado por la derecha, al decisiva y deliberamente buscar desestabilizar la convivencia democrática.

Abusar de la mayoría provisional que tiene la derecha y sus aliados (también provisionales podemos suponer) y pretender transformar nuestro régimen presidencial en uno parlamentario de facto es lo que no se debe tolerar.

Lamentablemente, aquellos que estuvieron con la dictadura, que están con los grandes grupos económicos y de presión, que están por la desigualdad y la exclusión, utilizan nuevamente las únicas armas que conocen: el temor, la desinformación y el matonaje. Por eso quizá el desalojo, si las urnas y el apoyo popular no les sonríen, pueden recurrir siempre a sus abogados.

~ por Andrade... en Abril 15, 2008.